Historias de esterilización forzosa

Historias de barbarie, de racismo y de marginación social alrededor del mundo, cuyas víctimas han sido, principalmente, mujeres, pobres y minorías étnicas.

“Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy. Ese día fue el 24 de agosto de 1996. Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria). Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos, me insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera me aplicó una inyección que no sabía ni me dijeron que era anestesia. Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!, grité. Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho", cuenta a IPS Sabina Huillca, cuya esterilización a la fuerza fue realizada en Perú cuando entonces tenía 28 años y ahora, 41.

Como ella, otras 300.000 mujeres más fueron esterilizadas en Perú, entre las que más de 2.000 lo fueron de forma forzada: mujeres campesinas, pobres e indígenas, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. El programa de esterilización era presentado como un plan contra la pobreza que tenía como principal objetivo frenar la tasa de natalidad. En un principio se llevó a cabo la anticoncepción quirúrjica voluntaria, que sin embargo, poco tenía de voluntaria, ya que se fue aplicando a miles de mujeres que se negaban a ello, ya fuera a base de amenazas o llegando incluso a la violencia.

Estas operaciones no sólo violaban los derechos humanos de estas mujeres, omitiendo su voluntad y negándoles el derecho la reproducción, sino que además, las dejaban marcadas de por vida.

“Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza. Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles. Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal”, continúa Sabina Huillca para agencia IPS.

Actualmente, Sabina Huillca y muchas otras víctimas más, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan. El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente. Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, ha decidido poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del de Fujimori.

El propio Estado peruano reconoció que bajo el plan se realizaron 300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados. Aún así, las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas.

Sin embargo, los países occidentales no se salvan del asunto. Esterilizaciones parecidas han tenido lugar también en países como Suecia, Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca.

En ésta última década, Suecia está haciendo un análisis de conciencia. Gracias a la publicación del libro El asesino del láser, de Gallert Tamas (que cuenta la biografía de un asesino sueco que se dedicaba a disparar inmigrantes con una pistola láser), Suecia está reviviendo y sacando a la luz algunos episodios de su historia, que muchos suecos preferirían olvidar.

En uno de estos episodios el protagonista es el programa de esterilización en el que 230.000 personas fueron esterilizadas entre 1935 y 1996 en un intento de crear no ya una sociedad mejor sino mejores ciudadanos, y cuyo debate, suscitado a finales de los años noventa, sacó a Suecia de su autocomplacencia.

Las leyes de 1934 y 1941 fueron votadas gracias a un consenso general entre el conjunto de los partidos políticos. La pasividad y el silencio del Parlamento y del Gobierno sobre las críticas lanzadas desde 1947 sobre esta política permitieron sin duda que [miles de] personas fueran esterilizadas a petición propia o sin su consentimiento durante los años sesenta y setenta.

Madres solas con hijos, depresivas, alcohólicas, marginales o tratadas de cáncer, las mujeres, que suponen el 99% de las personas esterilizadas en los últimos años, fueron las principales víctimas de la medida. La esterilización se les  imponía sobre todo como condición para salir del hospital tras un aborto o un internamiento psiquiátrico. El programa también afectó a las minorías étnicas (lapones y gitanos): víctimas de una marginación social sistemática no escaparon a las esterilizaciones.

Y todo ello, por razones de "higiene social y racial", de cohesión social, del interés colectivo, y en especial, la aplicación de teorías eugenistas y de preservación de la raza.


Lo peor de todo no es que se lleven a cabo programas como éstos que lo único que hacen es atentar gravemente contra los derechos inviolables de cada ser humano, sino que quienes los llevan a cabo sean los gobiernos. Sí, esas instituciones políticas cuyos dirigentes elegimos entre todos con la firme creencia de que lo que pretenden es mejorar su país, y no destrozarlo. Lo que se les olvida es que les elegimos como mandatarios, no como verdugos.