Sobre la discriminació salarial i les polítiques públiques d'igualtat

Les dones europees necessiten anys de 485 dies per a poder equiparar les seues retribucions anuals a les que reben els homes en 365 dies. Així ho asseguren alguns informes de la Unió Europea. Tot un canvi temporal que, com que encara no som capaços de portar a terme, és necessari resoldre, ara que fa 54 anys que es va proclamar la igual retribució entre treballadors i treballadores com a principi constitutiu de la UE (Tractat de Roma) i 36 que es va aprovar una Directiva que prohibia tot tipus de discriminació salarial entre homes i dones. 

Aquesta desigualtat tan evident es donada a causa de la interrelació de diferents factors, tots ells connectats entre sí a través d'aquest sistema patriarcal en què vivim i de la divisió sexual del treball. Així, la desigualtat de gènere no es manifesta d'un sol mode, sinó de diverses maneres distintes.

Per una banda, no es reconeix la feina que fan les dones. L'assimetria jeràrquica dels valors pels quals es regeix la societat és la base del sistema androcèntric. Això explica, per exemple, que els sectors productius més feminitzats (on hi treballen majoritàriament dones) tinguen, per norma general, sous inferiors als sectors més masculinitzats, quan la qualificació i les condicions dels treballadors són les mateixes.  

Per altra banda, el sistema de rols de gènere comporta que se les penalitze per estar "menys disponibles" per a la vida laboral. La influència de la divisió sexual del treball i de la figura de les dones a al feina domèstica és enorme sobre les expectatives que es tenen de les dones, ben diferents de les que es tenen dels homes. Encara s'espera que les dones donen prioritat a satisfer les necessitats de les persones del seu entorn abans que no les seues pròpies, tot i que això interrompa el seu desenvolupament professional. Aquestes expectatives del rol de les dones tradicionals haurien de ser eliminades per les polítiques públiques, potenciant la figura de l'home familiar i la dona treballadora, per a aconseguir així la situació d'igualtat. El fet d'articular reduccions de jornada per a les persones amb responsabilitat familiar, fomentar la contractació a temps parcial, donar a les dones permisos de maternitat superiors als dels homes i donar-los excedències per a que "gaudisquen" dels fills acabats de nèixer contribueix a fixar l'etiqueta de "menys disponibles per al mercat laboral" a totes les dones i influeix en la percepció de l'empresariat que associa un major risc en la contractació de dones. Aquest fenòmen, anomecat discriminació estadística, sustenta la desigualtat salarial.

La solució a aquest problema no és fàcil ni es pot fer d'un dia per a un altre, però és important que comencen a canviar les coses en el mercat laboral per a eliminar la discriminació que pateixen les dones. I el principal paper el tenen, com ja s'ha dit, les polítiques públiques, que haurien de començar per potenciar la figura de l'home cuidador i equiparar els drets i condicions de totes i tots. La Comissió Europea va publicar en 2007 un diagnòstic anomenat "Actuar contra la diferència de retribució entre homes i dones" on quedaven clares les causes d'aquesta discriminació. En canvi, alguna cosa falla entre el diagnòstic i la consecució dels resultats, que s'ha traduït en canvis ínfims. Quelcom no funciona i seguirà sense funcionar mentre es seguisquen promovent l'assentament dels rols tradicionals i la divisió sexual del treball.

Historias de esterilización forzosa

Historias de barbarie, de racismo y de marginación social alrededor del mundo, cuyas víctimas han sido, principalmente, mujeres, pobres y minorías étnicas.

“Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy. Ese día fue el 24 de agosto de 1996. Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria). Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos, me insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera me aplicó una inyección que no sabía ni me dijeron que era anestesia. Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!, grité. Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho", cuenta a IPS Sabina Huillca, cuya esterilización a la fuerza fue realizada en Perú cuando entonces tenía 28 años y ahora, 41.

Como ella, otras 300.000 mujeres más fueron esterilizadas en Perú, entre las que más de 2.000 lo fueron de forma forzada: mujeres campesinas, pobres e indígenas, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. El programa de esterilización era presentado como un plan contra la pobreza que tenía como principal objetivo frenar la tasa de natalidad. En un principio se llevó a cabo la anticoncepción quirúrjica voluntaria, que sin embargo, poco tenía de voluntaria, ya que se fue aplicando a miles de mujeres que se negaban a ello, ya fuera a base de amenazas o llegando incluso a la violencia.

Estas operaciones no sólo violaban los derechos humanos de estas mujeres, omitiendo su voluntad y negándoles el derecho la reproducción, sino que además, las dejaban marcadas de por vida.

“Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza. Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles. Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal”, continúa Sabina Huillca para agencia IPS.

Actualmente, Sabina Huillca y muchas otras víctimas más, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan. El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente. Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, ha decidido poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del de Fujimori.

El propio Estado peruano reconoció que bajo el plan se realizaron 300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados. Aún así, las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas.

Sin embargo, los países occidentales no se salvan del asunto. Esterilizaciones parecidas han tenido lugar también en países como Suecia, Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca.

En ésta última década, Suecia está haciendo un análisis de conciencia. Gracias a la publicación del libro El asesino del láser, de Gallert Tamas (que cuenta la biografía de un asesino sueco que se dedicaba a disparar inmigrantes con una pistola láser), Suecia está reviviendo y sacando a la luz algunos episodios de su historia, que muchos suecos preferirían olvidar.

En uno de estos episodios el protagonista es el programa de esterilización en el que 230.000 personas fueron esterilizadas entre 1935 y 1996 en un intento de crear no ya una sociedad mejor sino mejores ciudadanos, y cuyo debate, suscitado a finales de los años noventa, sacó a Suecia de su autocomplacencia.

Las leyes de 1934 y 1941 fueron votadas gracias a un consenso general entre el conjunto de los partidos políticos. La pasividad y el silencio del Parlamento y del Gobierno sobre las críticas lanzadas desde 1947 sobre esta política permitieron sin duda que [miles de] personas fueran esterilizadas a petición propia o sin su consentimiento durante los años sesenta y setenta.

Madres solas con hijos, depresivas, alcohólicas, marginales o tratadas de cáncer, las mujeres, que suponen el 99% de las personas esterilizadas en los últimos años, fueron las principales víctimas de la medida. La esterilización se les  imponía sobre todo como condición para salir del hospital tras un aborto o un internamiento psiquiátrico. El programa también afectó a las minorías étnicas (lapones y gitanos): víctimas de una marginación social sistemática no escaparon a las esterilizaciones.

Y todo ello, por razones de "higiene social y racial", de cohesión social, del interés colectivo, y en especial, la aplicación de teorías eugenistas y de preservación de la raza.


Lo peor de todo no es que se lleven a cabo programas como éstos que lo único que hacen es atentar gravemente contra los derechos inviolables de cada ser humano, sino que quienes los llevan a cabo sean los gobiernos. Sí, esas instituciones políticas cuyos dirigentes elegimos entre todos con la firme creencia de que lo que pretenden es mejorar su país, y no destrozarlo. Lo que se les olvida es que les elegimos como mandatarios, no como verdugos.

La Unió Europea s'oposa a ampliar a vint setmanes la baixa per maternitat

Els països de la Unió Europea s'han mostrat contraris a ampliar la baixa per maternitat de 14 a 20 setmanes, ja que consideren que tindria repercussions econòmiques massa importants en el context actual de crisi, i que no afavoreix la incorporació de la dona al mercat laboral. Els ministres europeus de Treball i Assumptes Socials s'han pronunciat avui a Brussel·les en contra de la petició del Parlament Europeu d'arribar fins a les 20 setmanes, més dues de paternitat, totalment remunerades.



Valeriano Gómez, ministre de Treball

 La Comissió Europea va proposar el 2008 estendre el permís actual fins a les 18 setmanes, una opció amb la qual els països es mostren molt més d'acord. El ministre de Treball, Valeriano Gómez, ha assegurat que “aquest no és el millor moment per a l'ampliació de les polítiques socials”, ja que “la crisi colpeja els pressupostos púnlics”. Tot i això, ha reconsegut que “la proposta legislativa de la Comissió respon al desig dels estat membres de protegir la maternitat”.



L'Estat espanyol ha incidit en que és fonamental que es tinga en compte la conciliació familiar i es potencie “la corresponsabilitat i la flexibilitat”, de manera que la maternitat no perjudique les perspectives laborals de les dones. Respecte a això, Gómez ha dit que a Espanya ja existeix quelcom semblant a les 18 setmanes de permís retribuït, ja que després de les 16 de la mare hi ha dues adicionals que poden ser utilitzades pel pare. Segons el ministre, la directiva que està en aquests moments sobre la taula és "viable i possible", encara que necessita alguns elements de flexibilitat per no obligar a modificar els models estatals que ja se situen en la mateixa línia.



Els països que s'han oposat més clarament a les peticions de l'Eurocambra han estat el Regne Unit, França i Alemanya, que han argumentat la inconveniència de la mesura en un moment de crisi econòmica. Diversos països (Suecia, Dinamarca, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia y Malta) han considerat la proposta com una violació del principi de subsidiarietat. Altres, com Itàlia, han donat suport a arribar fins a les 20 setmanes, però s'han oposat frontalment que la remuneració durant tota la baixa equivalgui al 100% de l'últim salari de la treballadora.

La discussió d'avui és la pimera que s'ha fet sobre aquesta qüestió després del vot del PE, que en aquest cas col·legisla amb els països comunitaris, representats en el Consell. Els vint-i-set tornaran a analitzar la directiva en successives reunions per intentar arribar a un acord i apropar posicions amb l'Eurocambra.